Dos hombres llegaron a un acuerdo en 2009 para crear una empresa en Girona, supuestamente dedicada al sector inmobiliario, pero en realidad orientada a obtener fraudulentamente prestaciones por desempleo o beneficios de la Seguridad Social, así como períodos de alta y contribución para otras personas que aún no tenían el período mínimo de contribución. Trece personas participaron en esta estafa de la Seguridad Social, que ascendería a 131.833,33 euros defraudados. A esta cantidad, habría que sumar otros 24.250 euros que dos personas acusadas más habrían recibido en prestaciones. El objetivo era obtener beneficios fraudulentos bien sea por haberse registrado para reclamar prestaciones. El primer registro supuestamente fraudulento tuvo lugar el 6 de noviembre de 2009, y la actividad delictiva habría continuado hasta 2011.

El juicio de este caso estaba programado para hoy en el juzgado de Girona, pero la sección cuarta ha decidido suspenderlo después de la deliberación porque tres de los acusados no se han presentado.

Esta es la cuenta que defienden las acusaciones de este caso (Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la fiscalía). Exigen penas de prisión de hasta 6 años para los dos presuntos responsables de crear el esquema por dos delitos continuados de fraude a la Seguridad Social y dos delitos continuados de falsificación de documentos públicos. El resto de los acusados también se enfrentan a peticiones de entre 1 y 3 años por delitos de falsificación de documentos públicos, fraude a la Seguridad Social y un delito contra la Seguridad Social.

Más allá de las penas de prisión, las acusaciones piden que los dos principales responsables paguen una multa de 527.333,33 euros, que es cuatro veces la cantidad defraudada.